A nivel mundial se han establecido indicadores que tratan de medir el desarrollo de los países, tal es el caso del Índice de Desarrollo Humano -IDH- que evalúa la esperanza de vida, educación y los ingresos. Al observar un panorama global, en promedio, un niño que ha nacido en un país con índice de desarrollo bajo tiene una esperanza de vida de 60 años o un poco más, 19 años menos que un niño de un país con desarrollo humano muy alto, donde la esperanza de vida media es de casi de 80 años. De la misma manera, los niños de países con desarrollo humano muy alto permanecerán escolarizados por siete años más que los que viven en países con desarrollo humano bajo. Si bien estas estadísticas presentan una cruda imagen, hablan también de la desdicha de millones de personas cuyas vidas se ven afectadas por la pérdida de oportunidades y la desigualdad, y ninguna de estas resulta ineludible. La desigualdad, en todas sus dimensiones y formas, entre países y dentro de ellos, limita las oportunidades como también las opciones de las personas y frena el progreso.
En lo que respecta al Índice de Libertad Económica -ILE- su importancia radica en el hecho innegable de que en los países cuyas libertades son mayores, se observa, a la vez, un mejor desempeño económico, lo que también se traduce en una mejora en los indicadores sociales. Asimismo, queda de manifiesto, el hecho que cuando estas libertades son restringidas o acotadas, se pierde terreno en lo económico y con ello también en lo social. Gobiernos que controlan la economía de sus países tienden a empobrecer a sus ciudadanos a través del estancamiento de sus economías. La competencia, promueve una distribución más eficiente de los recursos y una mayor productividad, en comparación con una economía planificada. Países que han adoptado políticas de mercado para facilitar la inversión, el intercambio, y el buen funcionamiento de los sistemas financieros se desempeñan mejor que aquellos con políticas de protección.
También tenemos el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC- este indicador mide exclusivamente la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países y territorios, a los que se asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción). De acuerdo con el análisis de los datos globales, la mayoría de los países analizados han obtenido menos de 50 puntos, y la calificación media se ha situado en 43 puntos. El análisis demuestra que los países que tienen un valor alto del IPC cuentan con procesos de consulta muy participativos y cumplen con la regulación sobre la financiación de campañas electorales. Los países donde hay regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática, tienen una puntuación media de 70 en el IPC, mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente tienen una media de 34 y 35, respectivamente.
La falta de un progreso real contra la corrupción en la mayoría de los países es decepcionante y tiene profundos efectos negativos en la ciudadanía mundial. Para tener alguna posibilidad de reducir la corrupción y mejorar la vida de la gente, debemos acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero. Toda la ciudadanía debe estar representada en los procesos de toma de decisiones.
Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional recomienda:
- Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política
- Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;
- Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;
- Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;
- Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;
- Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
- Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.
